Como es de esperar, el gobierno colombiano ha desestimado la demanda, considerando que no hay responsabilidad de su parte en el hecho. El sustento de la demanda sería que cuando la candidata quiso ingresar a la zona controlada por las FARC para contactar a un alcalde de su partido, la autoridad respectiva le dijo que podía hacerlo, resultando de ello su secuestro de seis años.
Me parece poco razonable pensar que se pueda ganar una demanda de esa naturaleza, ya que no existe gobierno que pueda garantizar condiciones de seguridad en una situación de guerrilla como la que se vivía en ese momento en Colombia, por lo que parecería haber un transfondo (¿económico? ¿político?) tras la demanda, a la espera de una conciliación extra judicial.
Creo muy difícil que prospere tal intento y menos que tenga éxito, primero porque sería un precedente tremendo para muchas personas que pasaron por un trance similar. El hecho de que ella fuera candidata a la presidencia no le da mayor derecho a la seguridad que al resto de la población y las demandas lloverían. En segundo lugar, porque me pregunto qué pasaría con las víctimas mortales (es decir, con sus deudos). ¿No merecerían una indemnización mayor?
Nadie niega su sufrimiento y el perjuicio vivido, pero creo que es la persona menos adecuada para pedir una compensación. Todos tenemos derecho a la seguridad, pero cuando un grupo armado irrumpe en el orden social y toma las armas estableciendo control sobre ciertas zonas pobladas, ya el tema escapa a lo regular. Ella lo sabía cuando se fue a la zona ocupada, y sin en su momento eso la hizo convertirse en un símbolo de los civiles secuestrados por la guerrilla, hoy se tornaría en la representación de la injusticia institucionalizada si se le diera atención a su solicitud.
En el Perú el terrorismo ha dejado huellas profundas que tal vez aún no conocemos del todo, pero de modo especial nos hizo ver la gran miopía que tenemos como sociedad. Mientras las matanzas se desarrollaban en los pueblos de la Sierra, había mucho barullo y titulares en los diarios que poco a poco fueron cediendo espacio a otros temas, como acostumbrados a que cada día se informara de más paisanos que morían degollados por la violencia asesina, pero recién cuando el terror llega a Miraflores, tradicional distrito de la capital, el gobierno tomó el toro por las astas. Supongo que entonces los muertos fueron “de a verdad”, o recién la sangre derramada valía la pena.
Terrorismo, guerrilla. Los muertos lo son independientemente de su condición social o económica. Y toda vida debe ser valorada del mismo modo. Lo mismo se debería aplicar al secuestro. ¿O no?
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